Recortes y austeridad, el problema que no acaba / En opinión de Judith Amador

Redacción MX Político.- Lejos de hallar solución, los problemas generados por el despido de trabajadores del sector cultural y la incertidumbre a la cual están sometidos los contratados por honorarios y en el capítulo 3000, existe el temor de que a mediados de este 2019 haya un nuevo recorte de personal.

Ello podría desencadenar una serie de demandas, y su costo sería mayor que el ahorro pretendido por el actual gobierno.

Entrevistados por separado por Proceso, Antonio Hernández Brito, excoordinador nacional de Relaciones Laborales de la Secretaría de Cultura (SC), y Joel Santos, secretario general del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), hablan de este complejo problema que se remonta prácticamente a la creación del desaparecido Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

El fundador del Grupo de Reflexión en Economía y Cultura (Grecu), Eduardo Cruz Vázquez, advirtió en septiembre de 2014 en estas páginas (Proceso 1975) que la situación laboral se había convertido en una “bomba de tiempo”, pues había gente trabajando “incluso antes de la creación del Consejo” que llegaría a la edad de jubilación sin derecho a pensionarse:

“En este momento, el Conaculta está enfrentando ya diversos juicios en los cuales muchos trabajadores que durante veinte o veinticinco años han laborado y cobrado por honorarios, demandan ser reconocidos como trabajadores y, por lo tanto, tener acceso a una jubilación. Es un tema límite en el cual sólo una reforma cultural puede resolver el desorden acumulado en 25 años.”

Las condiciones empeoraron cuando a buena parte de los contratados por honorarios, asignados al llamado capítulo 1000, se les rescindió su contrato, y con la promesa de mejores sueldos se les empleó a través del capítulo 3000, que ni siquiera está en el rubro de recursos humanos sino en recursos materiales; laboran como prestadores de servicios, sin prestaciones sociales de ningún tipo, entre ellas el servicio médico.

Con una carrera en el área laboral que se origina en la ahora desaparecida Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación Pública, el Conaculta, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y la SC, Hernández Brito explica que en el gobierno federal hay trabajadores de base y de confianza, cuyos salarios deben garantizarse en el presupuesto anual. En el gobierno de Vicente Fox se emitió un decreto para no crear nuevas plazas de base. Sin embargo, las necesidades de las dependencias gubernamentales obligaron a contratar por honorarios.

Cultura no fue la excepción. En los institutos INAH e INBA, cuenta, se creó incluso una estructura casi paralela pues el número de trabajadores de honorarios era similar al de base, y se les otorgó derecho al servicio médico en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aunque no podían acumular antigüedad.

Sucedió que, cuando se les rescindía el contrato, acudían a los tribunales donde lograron que los juzgadores les reconocieran derechos como de base. En varias ocasiones se sentenció: “reinstálalo y dale su plaza”. Añade que se empezó a generar una cultura de la demanda laboral, por lo cual las autoridades decidieron no registrarlos ante el ISSSTE “porque constituía elemento de prueba” de la relación laboral.

Es así como se cambió a buena parte de los trabajadores de honorarios, que eran de servicios profesionales, al capítulo 3000, y su situación laboral se hizo más precaria: quedaron fuera del amparo de la Ley Federal del Trabajo, se les negó el registro en el ISSSTE, sus contratos anuales no fueron de enero a diciembre –para evitar continuidad y no crear vínculos se les dan de marzo a noviembre aunque siguen trabajando diciembre, enero y febrero– y sus pagos se retrasaron, lo cual dio origen a los movimientos #YaPágameINBA y #YaPágameINAH, de los cuales se ha dado cuenta en la agencia apro.

Hace un año, a través de una carta enviada a dicha agencia, trabajadores del INBA denunciaron que ese tipo de contratación afectaba a curadores, investigadores, administradores, historiadores, museógrafos, educadores, artistas, restauradores, pedagogos, comunicólogos, diseñadores, periodistas, actores y gestores culturales, entre otros profesionistas. En el INAH son también ese tipo de trabajadores, más antropólogos, sociólogos, arqueólogos, arquitectos, entre otros investigadores.

Se deploró que, siendo los responsables de la investigación, salvaguarda y difusión del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de la nación, recibieran ese trato.

A principios de año, con un recorte presupuestal para cultura del 6% (más de 500 millones de pesos que finalmente se recuperaron y se destinarán a proyectos de los estados) con respecto al 2018, se anunció un programa de austeridad y, en consonancia, el recorte de personal. Empleados de instancias como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la Biblioteca Vasconcelos, INAH e INBA denunciaron despidos masivos.

Sin ofrecer cifras, pues el jefe de Administración y Finanzas de la SC, Omar Monroy, admitió en rueda de prensa no tener la cifra total de empleados de 2018 y de 2019, las autoridades negaron los despidos masivos, se expuso que en algunos casos se terminó el contrato y no se renovó más, en otros había duplicidad de funciones, altos sueltos o se prescindió de asesores y asistentes “del asistente”. Aseveró que INAH e INBA tienen un déficit de pago por servicios personales y prestaciones de casi 600 millones de pesos. 

Separado de su cargo en diciembre pasado, tras lo cual presentó una demanda en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para ser restituido en su puesto, Hernández Brito afirma que, aunque los contratos terminan cada noviembre o diciembre, los trabajadores de los capítulos 1000 y 3000 pueden acreditar una relación laboral y si se deciden a demandar “van a ganar”.

Primero porque han sido contratados sistemáticamente por años. Es claro, dice Hernández Brito, que a los empleados se les asigna una función permanente, la misma cada año, muchos cumplen horarios fijos, están subordinados a un jefe o en casos contrarios son jefes y tienen a su cargo personal y se les da una oficina.

En opinión de Hernández Brito la actual administración está violentando los derechos laborales, pues ha despedido a mucha gente en diversas áreas: de servicio profesional de carrera, es decir funcionarios que concursaron y ganaron una plaza; trabajadores de confianza del capítulo 1000, que realizan labores de base; y del capítulo 3000. 

Considera que la SC (las secretarías de Estado en general) debería hacer un diagnóstico caso por caso para hacer una propuesta a la SHCP y ésta a la Cámara de Diputados, para que en el proyecto de presupuesto de 2020 se contemple la solución y se creen las plazas para la gente que ha trabajado por tantos años en la precariedad. Se podría plantear un programa de retiro voluntario a quienes no se han jubilado por los bajos montos de las pensiones y así liberar otras plazas.

Según cifras proporcionadas por Hernández Brito, dentro del capítulo 3000 el INAH tiene 1750 trabajadores, el INBA 800 y la SC mil. Alejandra López, del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del INBA, afirma que había 2200 contratados en el instituto y 1850 fueron despedidos. 

El arqueólogo Joel Santos explica vía telefónica que la situación se agravó. A finales del año pasado se presentó una propuesta a las autoridades del INAH y se acordó que gente del 3000 pasara al 1000 como eventual, “inclusive lo hablamos con el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien estuvo en esa etapa en la Comisión de Presupuesto, y hubo coincidencia en que era el camino para el reconocimiento al personal de investigación”.

Sin embargo, surgió un problema porque se requieren 360 millones de pesos para pagar a los eventuales, y se autorizaron únicamente 53 millones, lo cual sólo alcanzó para que el INAH operara dos meses. En 2018 se autorizaron 64 millones de pesos, pero el instituto cubrió los sueldos con los recursos autogenerados por las zonas arqueológicas y museos. Y hasta el momento Hacienda no ha autorizado esos recursos para 2019.

El titular del INAH, Diego Prieto, como el resto de los funcionarios de Cultura, ha afirmado que no son despidos “masivos”. La pregunta es a partir de qué cifra se puede hablar de “masivo” pues no se ha informado tampoco cuántos son los despedidos.

“Nosotros fuimos muy sensibles con la situación del capítulo 1000 –agrega Santos– y presentamos un proyecto a la secretaria Alejandra Frausto en una reunión con los sindicatos del sector. Personalmente le pedí una moratoria para no despedir a los de honorarios, pero no fue posible porque hubo un ajuste… bueno, las autoridades le llaman ajuste, en realidad fueron despidos, y a otros compañeros se les bajó el sueldo, se habló de un 20% de reducción en todo el país. La situación parece que no para ahí porque tenemos conocimiento de que en el segundo semestre habrá otro ajuste del 20%.”

–¿Más despidos?

–Sí, exactamente. 

Judith Amador
---
Los comentarios emitidos en esta columna son responsabilidad de sus autores y no refleja la posición del medio. 

Tu opinión es importante